La conclusión a la que yo he llegado es que está en manos del Gobierno pararles los pies a los jueces en última instancia y que eso es lo que está buscando el PP, contribuyendo entonces a generar mucha más crispación de la que hay porque si el Ejecutivo lo hace, entonces se va a montar un pitote fenomenal. Pero lo que no puede hacer Zapatero es quedarse de manos cruzadas, ya que están en juego todas las leyes que ha sacado adelante, no sólo la del matrimonio homosexual, también la de Igualdad, la de Violencia de género, la de Dependencia, etc., más el estatuto de Cataluña, todo ello recurrido por el PP.
Lo que hay en juego es demasiado para que el Gobierno permita que un puñado de jueces conservadores tambaleen todo el trabajo social que ha hecho en estos cuatro años y se cuestione su credibilidad ante las próximas elecciones.
Tranquilas mis niñas, que Zapatero no nos va a dejar en la estacada a tod@s los español@s que creemos en él.
De todo el aluvión de noticias que he leído al respecto, esta es mi selección personal porque son las que más me han aclarado el embrollo.
La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (Felgtb) expresó hoy su temor a una posible derogación del matrimonio gay con un Tribunal Constitucional (TC) conservador.
La Felgtb recuerda en una nota de prensa que el matrimonio entre personas del mismo sexo ha de pasar por el TC, tras el recurso interpuesto por el Partido Popular.
En este sentido, esta organización subraya su "preocupación por los intentos de los sectores conservadores políticos y judiciales de imponer en el alto órgano judicial lo que no han conseguido imponer en el Parlamento ni en la sociedad española", su rechazo a las bodas gays.
"La objetividad e imparcialidad del Alto Tribunal deben primar por encima de las estratagemas políticas", advierte la Felgtb.
Su presidente, Toni Poveda, asegura que "los votantes deben recordar estas maniobras cuando se acerquen a las urnas en las próximas elecciones generales".
Por ello, Poveda insta a gays y lesbianas "a seguir haciendo uso de los derechos civiles que han traído la dignidad social a este país, ya que en sus manos está hacer notar la importancia que para toda la sociedad tienen estos avances".
http://www.discapnet.es/Discapnet/Castellano/Actualidad/Nueva_Hemeroteca/detalle?id=156206
En juego el Estatut, las bodas gays y la ley de igualdad
Un Constitucional a la medida del PP
S.C.
La definitiva toma del control del sector conservador en el Tribunal Constitucional (TC), que ayer se impuso en el debate sobre quiénes decidirán definitivamente sobre la continuidad de la actual presidenta progresista Emilia Casas, remite inicialmente al futuro de Estatuto de Cataluña. Sin embargo, un TC dominado por los magistrados elegidos por el PP decidiría no sólo sobre la inconstitucional de la reforma estatutaria catalana, sino también sobre varios recursos más que los populares han planteado a leyes como la de los derechos de los matrimonios homosexuales o la de Igualdad.
Después de conseguir ayer la abstención de la presidenta y del vicepresidente los magistrados conservadores del Tribunal Constitucional serán mayoría en la votación definitiva en la que decidirán sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, un cambio que prolongaría el mandato de ambos.
Un conservador sustituiría a Casas
Si la reforma no sigue adelante y se impide a Casas continuar como presidenta, será sustituida por el magistrado más antiguo, Vicente Conde, al que se encuadra en el sector conservador, y otorgará a este sector de la magistratura la decisión sobre recursos de inconstitucionalidad claves presentados a leyes de esta legislatura. De hecho, ya ayer Conde ejerció de presidente, ya que tanto Casas como el vicepresidente Guillermo Jiménez tuvieron que abstenerse de un debate que les afectaba directamente. Aunque Casas es progresista y Jiménez conservador, la relación de fuerzas da la vuelta ya que la presidente de un voto de calidad en caso de empate.
Como presidente accidental, Conde fue el encargado de deshacer con su voto de calidad el empate que hasta entonces se estaba produciendo y escorar la balanza del lado conservador, ya que hasta entonces los magistrados de un lado y de otro empataban a cinco votos, como informa El País.
Una última posibilidad
La última baza para evitar que los progresistas pierdan por cinco frente a seis en la votación sobre la Ley Orgánica del Poder Judical sería la recusación de dos magistrados conservadores, Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez Zapata, alegando la misma causa que se ha esgrimada para apartar a Casas y a Jiménez, la de interés directo o indirecto en la causa que van a revisar. Esta es la posibilidad que estudia el Gobierno, ya que tanto García-Calvo como Rodríguez Zapata habían exigido con anterioridad la dimisión de la presidenta.
Más dificultades para el Estatut
La toma del control del sector conservador podría consumarse el próximo mes de octubre en una nueva votación, con la consecuencia más inmediata de que dispondrán de la mayoría que decida sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados por el PP al Estatut. Los sectores conservadores ya habían conseguido recusar a uno de los magistrados progresistas, Pérez Tremps, para que no participara en ese debate sobre el el nuevo marco estatutario catalán, y ahora consolidan su mayoría con el alejamiento de Casas.
A vueltas con el referéndum
Pero si en el PP cunde el optimismo sobre la posibilidad de que buena parte del Estatut sea declarado inconstitucional, desde Cataluña se advierte de que se doblará la apuesta en caso de que el texto sea mutilado. Ayer, el líder de CiU, Artur Mas, apeló al concepto maldito de referénfum, y aseguró que propondría uno nuevo si el Constitucional recorta el Estatut. “Si el Tribunal Constitucional acabara, por un conducto o por otro, laminando el Estatut aprobado por el pueblo de Cataluña, ¿no hemos de volver a pedir al pueblo de Cataluña que se pronuncie?”, preguntó Mas en el Parlament.
Lo que está en juego
Además, el Estatut no es el único asunto de trascendencia sobre el que debe dirimir el Tribunal Constitucional, ya que el Partido Popular ha interpuesto hasta 21 recursos de inconstitucionalidad contra leyes aprobadas durante esta legislatura, prácticamente contra todas las iniciativas del Gobierno socialista, incluidas algunas de calado social como la ley de matrimonios homosexuales o la de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.
http://www.elplural.com/politica/detail.php?id=14383
Bermejo estudia recusar dos jueces para impedir que los conservadores controlen el Tribunal Constitucional
los magistrados elegidos por el pP apartan a la presidenta de la pugna para dirigir el TC
Un voto de calidad conservador dirimirá los recursos contra el Estatut y el matrimonio gay si prospera la iniciativa 'popular'.
madrid. El Gobierno estudia una respuesta a la situación creada en el Tribunal Constitucional (TC) tras la actuación del sector conservador de este órgano, que ha logrado apartar a la presidenta, María Emilia Casas (progresista), del pleno que deliberará un recurso del PP contra su continuidad al frente de la institución. Una maniobra que el resto de los partidos han interpretado como una señal de la "politización" del TC.
De prosperar el recurso del PP, será un Alto Tribunal bajo control conservador el que tenga que dirimir recursos del PP contra el Estatut y leyes emblemáticas como la del matrimonio homosexual o la de Igualdad.
La intervención del Ejecutivo para "reorientar" la situación del TC había sido reclamada por la Generalitat de Cataluña, preocupada por el futuro de los recursos contra el Estatut, mientras que el resto de los partidos de la izquierda y del nacionalismo hablaban de "jugada inmoral" y calificaban al tribunal de "más político que judicial". Sólo el PP consideró que el Alto Tribunal ha actuado "en derecho" y que sus magistrados, en palabras del líder de la oposición, Mariano Rajoy, "son juristas y no personas de partido".
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, afirmó que la Abogacía del Estado estudiará la recusación de dos magistrados del TC adscritos al sector conservador después de que éste hiciera uso el jueves del voto de calidad para arrinconar a la presidenta.
Tanto Casas como el vicepresidente del Constitucional, Guillermo Jiménez, manifestaron su voluntad de no participar en las deliberaciones de ese recurso, ya que uno de los artículos de la ley impugnados por el PP prevé la prórroga automática de sus mandatos -que en su caso concluían el pasado 30 de junio- hasta la siguiente renovación del tribunal.
abstención de casas El ponente del recurso, el progresista Pablo Pérez Tremps, redactó un auto en el que no se aceptaban las abstenciones, pero sólo obtuvo el apoyo de los cuatro magistrados de su sector, mientras que los cinco conservadores se opusieron. El empate se resolvió a favor de estos últimos cuando el presidente accidental del pleno, Vicente Conde, decidió hacer uso de su voto de calidad. Si la situación se repite el 8 de octubre, cuando el pleno votará un nuevo auto en el que sí se aceptan las abstenciones de Casas y Jiménez, estos quedarán definitivamente fuera de las deliberaciones. Serán entonces los conservadores, empatados en votos con los progresistas, los que tengan la última palabra sobre el recurso del PP gracias al voto de calidad.
Ante esta situación, Bermejo anunció que no descarta recusar a dos magistrados conservadores, Roberto García Calvo y Jorge Rodríguez Zapata, quienes el pasado mes de junio cuestionaron la legitimidad de la presidenta y su mandato en un escrito dirigido al tribunal.
contaminación judicial Bermejo anunció que el Gobierno actuará "si hay indicios de que algún magistrado del Constitucional está contaminado y no presenta la necesaria imparcialidad". La recusación de García Calvo y Rodríguez Zapata devolvería al sector progresista la mayoría, aun sin la presencia de la presidenta.
La intervención del Gobierno fue reclamada ayer mismo por el consejero catalán Joan Saura, que le instó a tomar medidas para "reorientar" la situación. Por su parte, el portavoz de ICV en el Parlamento catalán, Jaume Bosch, denunció la "jugada inmoral" y la "falta de ética del sector conservador", mientras que desde ERC, Agustí Cerdá dijo que este órgano es "cada vez es más un tribunal político que judicial".
Mientras tanto, el líder de CiU, Artur Mas, habló de la "desconfianza" que genera el TC y consideró que la situación justifica aún más la convocatoria de un nuevo referéndum sobre el Estatut si el tribunal lo recorta, opinión que compartió el líder de ERC, Josep Lluis Carod.
Más moderado, el portavoz del PSOE, Diego López Garrido, aseguró sobre el Constitucional que, "sus decisiones, serán respetadas" y achacó la situación a la inadecuada regulación de las abstenciones y recusaciones. >agencias
1 comentario:
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